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Desafíos y oportunidades para el Gobierno de Lasso para impulsar la transición energética en Ecuador – Petroenergía Junio 2021

Desafíos y oportunidades para el Gobierno de Lasso para impulsar la transición energética en Ecuador – Petroenergía Junio 2021

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Tomado del artículo publicado en Petroenergía, Junio 2021.

Autor: Eduardo Rosero Rhea

Grandes desafíos y oportunidades para el Gobierno de Guillermo Lasso para impulsar la transición energética en Ecuador.

«Empresarios del sector energético y especialmente eléctrico vemos con mucho optimismo que el actual gobierno de Guillermo Lasso tiene una ventaja única para impulsar la incorporación de mayor energía renovable y eficiencia energética a través de una política coherente con el medio ambiente y beneficiosa para el país en eficiencia financiera.

Las declaraciones últimas de las autoridades recién nombradas, como el Ministro de Energía -Juan Carlos Bermeo, Viceministro de Electricidad – Gabriel Argüello y Gerente General de CELEC – Gonzalo Uquillas, apuntan hacia una transición energética acelerada con una visión renovada y estratégica para la participación del sector privado.

Durante más de una década se priorizó como política de Estado el reforzamiento del sector eléctrico a través de la consolidación de empresas públicas de distribución y generación, la transmisora Transelectric fue desde un inicio pública. Esto permitió hace muchos años sanear las deudas por ejemplo de las distribuidoras y facilitó que el Estado ecuatoriano pueda invertir directamente en programas de repotenciación de redes de distribución, operación y mantenimiento de las mismas. Además, se estructuró un plan de expansión masivo de los sistemas de generación desde el ámbito público, dejando una mínima participación para el sector privado

Como consecuencia de esta visión, Ecuador cuenta con una de las matrices más limpias del mundo en generación hidráulica estatal, pero cuando bajamos la mirada a ver las obligaciones de los proyectos con financiamiento extranjero, nos topamos con muchas sorpresas y es lógico.

Mientras en los proyectos hidroeléctricos privados de autogeneración, proyectos con contratos regulados de largo plazo, sus directivos y técnicos mantienen estrictos estándares para mejorar el rendimiento de su inversión y sus cumplimientos de obligaciones de financiamiento, por otra parte, la mayoría de proyectos eléctricos de generación estatal no han corrido con la misma suerte ni visión del sector privado.

A nivel mundial, el desarrollo tecnológico ha llevado a que los costos de ciertas tecnologías amigables con el medio ambiente puedan ser alternativas firmes para una diversificación real en varios proyectos y que naturalmente pueden ser asumidos por el sector privado.

Desconocer la verdadera problemática y sus posibles consecuencias para la generación de electricidad en nuestro país, después de revisar los últimos acontecimientos tanto de la erosión regresiva en el Rio Coca como las fisuras en la tubería de conducción del Proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, podría llevarnos a conclusiones simples y a corto plazo.

El análisis de esta problemática nos podrá abrir los ojos a una situación totalmente diferente y seguramente la incorporación de nuevas ideas en la política energética incentivará a la eficiente autogeneración, generación distribuida tanto para autoconsumo como para inyección a la red y creación de un mercado sólido de grandes consumidores.

Pero no todo es color de rosa para que realmente el país sea tan atractivo para la inversión privada y constituya un polo de desarrollo a nivel regional. Los aspectos técnicos juegan un papel preponderante pero no son los únicos a considerar.

Hay muchos aspectos tributarios que son factores decisivos para los inversionistas al momento de aterrizar su capital en Ecuador, y que se vuelven cruciales en el manejo de los proyectos en general y en este caso en el de las energías renovables.

A pesar de que el marco regulatorio parece a primera vista bastante interesante en lo que respecta a incentivos y a leyes tributarias que afianzarían una seguridad jurídica, en la práctica este mismo marco normativo es poco operativo y carece de agilidad en su ejecución.

Como aspecto positivo, según la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, vigente desde el año 2018, la energía renovable está dentro de los sectores prioritarios y esto conllevaría una exoneración del pago del impuesto a la renta de hasta 8 años en los cantones de Quito y Guayaquil y de 12 años fuera de estos.  Sin embargo, dicha normativa ata este incentivo tributario a la generación de empleo neto. Para el caso de cualquier proyecto de energía renovable sea hidroeléctrico, solar fotovoltaico, eólico, bioenergía, es muy difícil cumplir este requerimiento, dadas las características propias de la operación y mantenimiento de estas tecnologías. En general, la construcción de proyectos en energía renovable demanda mano de obra calificada y no calificada en la fase de construcción y esta disminuye por completo para su operación y mantenimiento.

Por otro lado, el Estado ecuatoriano tiene, dadas las condiciones energéticas actuales que podrían suponer una disminución drástica en la generación hidráulica a corto plazo, una oportunidad de sinceramiento de costos de generación y de esta manera optimizar una eficiencia financiera para el sector. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE, año 2015), las inversiones del sector energético ya no son contabilizadas dentro de los flujos de las empresas eléctricas directamente involucradas, sino simplemente son atendidas desde el Presupuesto General del Estado. Lamentablemente este particular ha tenido como consecuencia que varios proyectos emblemáticos construidos en los últimos años y que fueron determinados y priorizados por SENPLADES para asumir el financiamiento estatal, no hayan cumplido en lo más mínimo con los montos de inversión y tampoco con el factor de planta de diseño.

Si pensamos en un sistema que refleje costos reales tanto en la generación, transmisión y distribución, entonces todos los proyectos que incentiven una disminución de costos para el Estado serían los más fáciles de financiar inclusive por los organismos multilaterales.

Entonces sí podremos afrontar con agilidad los retos y oportunidades para el sector de las renovables y de la eficiencia energética. La venta de excedentes de las plantas de autogeneración tomará otro sentido, así como la incorporación de sistemas de generación distribuida a costo cero para el estado debería también tener carácter prioritario. En esa misma línea, sistemas de alumbrado público eficiente y su operación podrían dar forma a una política de eficiencia financiera en el sector eléctrico y energético.»

 

 

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